La inseguridad y las fugas de presos de las alcaidías sigue siendo tema de preocupación y debate en la Ciudad de Buenos Aires. Esta problemática preocupa en particular a vecinas y vecinos de la Comuna 9, pues, en diciembre pasado, 17 presos escaparon por un boquete de la Alcaidía 9, ubicada en Juan B. Justo y Gana, en el barrio de Liniers.
Atendiendo a este tema, la Justicia ordenó trasladar al Servicio Penitenciario Federal a personas condenadas alojadas en comisarías y alcaidías, en tanto el Ministro de Seguridad participó de una reunión informativa en la Legislatura porteña, en la que se refirió a la transferencia del servicio penitenciario a la Ciudad. El Consejo Consultivo de la Comuna 9, por su parte, aprobó pedidos de informes dirigidos a la Junta comunal y al Ministerio de Seguridad.
En respuesta a un hábeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo porteña, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo dispuso que las personas condenadas que actualmente se encuentran detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires sean trasladadas a unidades del Servicio Penitenciario Federal.
La Defensoría denunció que la permanencia de personas condenadas en estos espacios transitorios vulnera sus derechos fundamentales y contradice normativas nacionales e internacionales, ya que estos lugares no cuentan con las condiciones adecuadas para alojarlas. Además, los agentes policiales encargados de la custodia no están preparados para tareas penitenciarias. También señaló que el Servicio Penitenciario Federal no estableció un plan adecuado de traslados ni propuso soluciones para evitar la sobrepoblación en estos centros transitorios.
Al 18 de febrero, 2.455 personas estaban detenidas en comisarías y alcaidías porteñas, de las cuales 411 tenían condena y 181 contaban con sentencia firme. En los últimos meses, la precariedad de los establecimientos dio lugar a fugas: en 2024 se registraron al menos ocho, con 51 personas fugadas, y en lo que va de 2025, tres más con 13 fugas. Estas condiciones generan preocupación para los vecinos y vecinas debido a la falta de medidas adecuadas de seguridad.
Frente a esta situación, la Justicia hizo lugar al habeas corpus y ordenó el traslado de las personas condenadas a unidades penitenciarias, asegurando condiciones de detención adecuadas y evitando nuevas vulneraciones de derechos.
Por otra parte, el pasado 26 de febrero, del Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, participó de una reunión informativa de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad donde se trató la situación de los detenidos y las políticas públicas en materia de seguridad.
El ministro Wolff señaló que en la Ciudad existen 109 lugares de detención, con un total de 87 calabozos y remarcó que según la normativa vigente, después de 48 horas los detenidos deberían ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal, lo que dejó de ocurrir desde la pandemia. Además detalló que “hay aproximadamente 2.500 detenidos en la Ciudad y que 16 jueces han ordenado al Gobierno Nacional que se haga cargo de su traslado al sistema federal” y remarcó que policías que no son penitenciarios y que están cuidando presos en lugares que no son cárceles.
En tanto la Ciudad de Buenos Aires reinició las obras del Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, que permitirá trasladar presos alojados en las alcaidías porteñas y en la cárcel de Devoto. Una vez que se trasladen los presos del penal de Devoto, la Legislatura definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la Comuna 11.
La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2.240 plazas. Contará con cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral. También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.
En noviembre pasado el Gobierno de la Ciudad acordó con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la creación de su propio Servicio Penitenciario. Y en diciembre firmaron el acuerdo que transfiere las competencias del Servicio Penitenciario Federal al ámbito de la Ciudad para delitos que no son federales. Esto permite que los detenidos que cometieron ilícitos en el ámbito de la Ciudad sean custodiados por personal penitenciario especializado.
En la reunión realizada en la Legislatura el Ministro Wolf expresó que la transferencia del sistema penitenciario se encuentra trabada debido a la falta de definiciones sobre los presos actuales, y sobre los recursos y predios que la Nación debería transferir a la ciudad.
