El pasado domingo 9 de noviembre, un incendio se desató dentro de una casa ubicada en un pasillo del barrio Cildañez provocando la muerte de tres jóvenes de 20, 17 y 14 años, mientras el padre continúa internado. Se trata de una familia humilde y trabajadora, querida en su comunidad.
Los efectos el incendio se transformaron en tragedia pese al esfuerzo de vecinas y vecinos que trataban de apagarlo con baldes y mangueras, una tarea dificultada por la baja presión de agua producto de la falta de infraestructura adecuada, mientras los bomberos veían dificultado el acceso al lugar a través de los angostos pasillos.
Esta acontecimiento desgraciado pone una vez más en cuestión la disminución de los recursos destinados a atender la situación de los barrios vulnerables y la falta de políticas públicas integrales y sostenidas dirigidas a su integración socio urbana.
Así lo estaría reflejando el proyecto de presupuesto 2026, enviado por el Ejecutivo de la Ciudad a la Legislatura. “Según este presupuesto, el Estado no debe tener política de vivienda» señalaba al respecto la Legisladora Claudia Neira, en el marco de las discusiones que se desarrollan en las reuniones de comisión previas a su tratamiento en el recinto.
Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Defensa porteño, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte un fuerte retroceso en las políticas de integración socio urbana de los barrios populares.
“En el Proyecto de Presupuesto 2026, las partidas destinadas a barrios populares llegaron al nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída real del 23% respecto al presupuesto vigente – señala el documento “Barrios populares en emergencia: menos presupuesto y derechos en las villas de la Ciudad” – Además, la ejecución de los fondos se concentra en acciones paliativas o de emergencia, desplazando los proyectos para la integración sociourbana, el cumplimiento de leyes vigentes y la ejecución de sentencias judiciales confirmadas en distintas instancias”.
Algunos datos enfatizan las condiciones de desigualdad que esta situación implica: A nivel nacional, las y los habitantes de los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población, el hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales, las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas y los adultos mayores son los sectores más afectados, la falta de planificación y de continuidad en las políticas públicas profundiza la segregación urbana y refuerza la desigualdad estructural. A la precariedad habitacional se suma el poco acceso a los servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que también vulnera derechos de información y participación comunitaria.
“Frente a este panorama – concluye el documento – organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de defensa de los derechos humanos advertimos la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen tanto la atención inmediata de las situaciones críticas como la continuidad de los procesos de integración sociourbana y el cumplimiento de leyes y sentencias. Mantener y ampliar estos compromisos es esencial para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna, a la integración sociourbana y el hábitat adecuado en la Ciudad de Buenos Aires”.
