Escribe Liliana Elguezabal
Mientras los espacios de participación instituidos por las Leyes vigentes y la Constitución de la Ciudad se sostienen con mucho esfuerzo ciudadano y poca respuesta oficial, los vecinos de la Comuna 9 reciben invitaciones desde diferentes áreas del GCBA a encuentros y reuniones para recabar sus opiniones sobre los problemas que aquejan a los barrios que la integran.
El Consejo Consultivo es el órgano de participación ciudadana establecido por la ley 1777 de Comunas. Se reúne regularmente, en encuentros mensuales y recopila información sobre problemas presentados por los vecinos, elabora pedidos de informes y propuestas que raramente son respondidas o gestionadas por la Junta Comunal, más allá de los esfuerzos particulares de algunos comuneros.
La Comuna 9 alberga además uno de los espacios que han sido más constantes y consecuentes en la práctica de la participación ciudadana: la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda. Oficializada por la Ley 1153, que define al parque y su entorno como una unidad ambiental y de gestión y a la mesa como ámbito de la gestión asociada, cuenta con más de 25 años de existencia y celebra su plenario 300. Ha alcanzado importantes logros, entre ellos la aprobación de la Ley APH Parque Avellaneda y entorno.
No se agotan en éstos, los ejemplos de la voluntad de participación y compromiso de los ciudadanos de la Comuna. Diferentes convocatorias y encuentros para discutir el futuro del predio que ocupaba el Mercado de Hacienda y las intervenciones sobre la traza del Ferrocarril Sarmiento, los Talleres Ferroviarios de Liniers, la resistencia a la construcción del Metrobus en Parque Avellaneda y Mataderos, las reuniones para trabajar la problemática de la inseguridad en Liniers entre otras iniciativas llevadas adelante a lo largo del tiempo, muestran esa voluntad.
En tanto, y sin tener en cuenta los ámbitos legalmente establecidos para la participación ciudadana, desde el Ejecutivo de la Ciudad se difunden y superponen invitaciones a reuniones para consultar a vecinas y vecinos sobre diferentes problemas y proyectos.
El 13 de junio pasado el Gobierno de la Ciudad convocó a una reunión informativa sobre el proyecto de paso bajo nivel en la calle Irigoyen, entre Bacacay y Av. Rivadavia, límite entre las Comunas 9 y 10. Algunos vecinos participantes señalaron la poca información recibida y la falta de respuesta a su preocupación por el impacto de esta obra en su entorno inmediato y la posible afectación de bienes de valor patrimonial ubicados en el interior del predio ferroviario.
Por otra parte, el Presidente de la Junta Comunal informó, a través de las redes sociales, que el 19 de junio se realizó una reunión junto a Clara Muzzio, Vicejefe de Gobierno; Gabino Tapia, Ministro de Justicia y funcionarios de diferentes ministerios con vecinos de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Según explica Mosquera Fantoni “Fue un espacio de intercambio entre vecinos y los funcionarios del GCBA, para obtener información sobre necesidades y problemáticas de nuestra comuna, detectar ideas y transformación en nuestra zona sur”.
Además, a través de una nota dirigida a éste por el Secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, en su carácter de Coordinador del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental invitó a participar de un encuentro para presentar el avance de la “Propuesta de Actualización del Código Urbanístico”, el día lunes 24 de junio. La nota solicita la difusión de esta invitación a los vecinos y las vecinas que deseen asistir. Nuevamente el Presidente de la Junta Comunal 9 eligió las redes sociales para darla a conocer.
Es decir que ,en un lapso de once días, observamos la publicación en las redes sociales o la invitación selectiva a algunos vecinas y vecinos a diferentes encuentros con el objeto de comunicar una obra ya licitada, obtener información sobre necesidades y problemáticas, detectar ideas o presentar el avance de un proyecto de modificación de las normas vigentes, pero ninguna comunicación oficial a los espacios de participación legalmente constituidos para garantizar la participación ciudadana, ni a la totalidad de los miembros de la Junta Comunal.
Estas convocatorias tienen algunas características comunes: la falta de coordinación entre sí, la invitación particular sin la difusión general que merecerían, la escasa información brindada y la aplicación de modalidades de funcionamiento dirigidas al mero registro de opiniones e ideas, sin avanzar en la respuesta a las cuestiones presentadas o su incorporación a las decisiones políticas.
Es como si, al modo de las empresas que hacen estudios de mercado, el Gobierno de la Ciudad se enfocara más en consultas de opinión, que en cumplir el mandato constitucional de garantizar la participación ciudadana en la formulación y gestión de las políticas públicas.
