Vecinos y vecinas de Liniers continúan expresando su rechazo a la privatización de las actividades que se realizan en el Polideportivo Santojanni.
A los encuentros de los días viernes para organizar abrazos simbólicos, caminatas y “semaforazos” y la recolección de firmas de adhesión a la defensa de su uso público y gratuito, su carácter de espacio verde y la participación vecinal en las decisiones se suman las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad y diversos organismos públicos. En https://www.facebook.com/noalaprivatizaciondelpolisantojanni se concentra y difunde información sobre la situación y las acciones emprendidas por vecinas y vecinos.
Como respuesta a estas denuncias un grupo de Diputados de la Ciudad han presentado un pedido de informes. Los Legisladores Claudio Ferreño, Claudia Neira y Bárbara Rossen presentaron un proyecto, al que adhirió Andrés La Blunda, para que el cuerpo legislativo solicite al Ejecutivo informes sobre “el convenio de permiso de uso precario y oneroso otorgado a la empresa TRIXMA S.R.L. de un sector del Polideportivo Santojanni, sito en la calle Patrón 6222”.
Este pedido se refiere a la legalidad del otorgamiento del permiso de un predio que fue donado con destino a uso público por lo que solicitan saber si se emitió dictamen legal que lo avale, los motivos por los que se otorgó dicho permiso y no se optó por un proceso licitatorio y si se realizaron instancias de participación o mesas de trabajo con vecinos, organizaciones barriales y/o autoridades comunales.
También consultan sobre las obras en ejecución, su plazo, fecha de finalización, proyecto y documentación legal y sobre la existencia de otros espacios dentro del Polideportivo que se encuentren concesionados o asignados con permiso de uso.
Los diputados muestran además su preocupación por la manera en que las obras e instalaciones vinculadas al permiso de uso otorgado han afectado o afectan el normal desarrollo de la colonia deportiva que funciona en el predio, en relación con la concurrencia, circulación y permanencia segura de niños y niñas. En particular preguntan si durante su desarrollo se registró presencia de personal de obra, maquinaria, vallados, sectores clausurados o reducción de espacios verdes y sombreados, y qué medidas se adoptaron para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y bienestar.
Además, requieren se informe si se realizaron evaluaciones, informes técnicos o medidas en materia de seguridad infantil relacionadas a la coexistencia de obras, explotación privada y actividades recreativas destinadas a niños y niñas. Asimismo, si en las condiciones previstas en el convenio, será posible volver a organizar colonias deportivas gratuitas, garantizando las mismas condiciones de acceso, superficie disponible, seguridad y calidad del servicio existentes con anterioridad.
Finalmente solicitan se informe si existen presentaciones, reclamos o actuaciones iniciadas ante la Defensoría del Pueblo vinculadas al otorgamiento del permiso de uso, las obras en el predio o la afectación de las colonias deportivas, detallando número de expediente, estado de tramitación y medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
En sus fundamentos los legisladores señalan: “La decisión del Poder Ejecutivo de otorgar un permiso de uso precario y oneroso para la explotación comercial de una porción del predio a una empresa privada, mediante la figura del “permiso de uso precario”, despierta serias preocupaciones en términos de legalidad, transparencia administrativa y resguardo del interés público. La invocación de la “imposibilidad de concretar en forma inmediata un proceso licitatorio” no puede constituir un fundamento suficiente para habilitar el uso comercial de un bien del dominio público por un plazo prolongado, ni transformarse en un mecanismo habitual para eludir los procedimientos ordinarios de selección, publicidad y concurrencia previstos en el ordenamiento jurídico vigente.”
Y enfatizan: “El avance de emprendimientos privados sobre espacios públicos no puede implicar el desplazamiento ni el vaciamiento de políticas públicas orientadas a la inclusión social, la recreación y el bienestar de la comunidad. La defensa de los bienes públicos y del acceso igualitario a los mismos constituye una responsabilidad indelegable del Estado y un principio rector de la gestión pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
