La Legislatura de la Ciudad aprobó, en su sesión del 14 de mayo pasado, la Resolución 143, por medio de la cual solicita al ejecutivo Informes relacionados a la situación de los obradores abandonados del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ubicados en la calle Cuzco al 200 en el barrio de Liniers. La Legisladora Bárbara Rossen, autora del proyecto, recogió el reclamo de vecinas y vecinos impulsado por el comunero Alberto Espiño.
Los obradores son instalaciones provisorias que se montaron en el espacio público para la obra de soterramiento. Se encuentran en desuso y generan dificultades para la circulación diaria de las personas, problemas de seguridad e higiene y deterioran el paisaje urbano. Señalan desde la Ciudad que al tratarse de una obra nacional, no puede avanzar en un cierre definitivo.
Por eso, el año pasado, el gobierno porteño realizó intervenciones para reducir su tamaño, acercando los vallados a los bordes de excavación, quitando las chapas que impedían la visión de un lado al otro de la calle e instalando un enrejado nuevo que facilita la visibilidad. En tanto vecinas y vecinos continúan reclamando que los retiren definitivamente y denuncian el abandono, la falta de mantenimiento, la acumulación de residuos y el impacto que esta situación genera en la vida cotidiana del barrio.
El pedido de informes tiene por objeto obtener información precisa, actualizada y verificable sobre la situación de los obradores, ya que las tareas de cierre y retiro de estructuras no cuentan con plazos claros de finalización, y la falta de definiciones entre la Ciudad y la Nación perpetúa la situación de abandono.
Respecto al soterramiento de la Línea Sarmiento, señalan los fundamentos de la Resolución, en el ámbito de la Legislatura se han impulsado pedidos de informes solicitando al Poder Ejecutivo detalles sobre la situación contractual, presupuestaria y de planificación urbana asociada a esa obra y agregan que la situación puntual de los obradores abandonados, y en particular el de Cuzco al 200, requiere precisiones específicas sobre responsabilidades, cronogramas de cierre, medidas de seguridad, impacto presupuestario.
“El estado de abandono de estos obradores no solo afecta la calidad del espacio público y el orden urbano, sino que también implica un posible riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en lo que respecta a intrusiones, siniestros, acumulación de residuos y presencia de roedores o vectores. Además, la falta de información clara y accesible sobre las acciones concretas que se están llevando adelante para resolver el problema vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión de los bienes públicos y el uso de los recursos destinados a obras de infraestructura de alto impacto”, destacan los legisladores.
“Creemos que el Estado tiene que dar respuestas claras y garantizar condiciones de seguridad, limpieza y cuidado del espacio público para toda la comunidad”, expresa por su parte, el comunero Alberto Espiño quien impulsa el reclamo al Gobierno de la Ciudad de respuestas urgentes.
