El Gobierno de la Ciudad ha anunciado la recuperación de espacio público con la reducción de obradores en desuso de la obra de soterramiento del tren Sarmiento, entre ellos el que se encuentra en el barrio de Liniers. Por otra parte, el Gobierno Nacional, de quien depende la obra de soterramiento, estaría negociando con la empresa para no avanzar con el proyecto debido a la imposibilidad financiera, lo que implicaría su levantamiento.
El retiro de los obradores ha sido un reclamo constante de vecinas y vecinos de los barrios de Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers. En este último se encuentran dos de ellos: en Av. Rivadavia 11600 y Cuzco 200 (Estación Liniers). Las quejas se vinculan a la falta de higiene y, sobre todo, a las condiciones de inseguridad en su entorno, ya que, además de entorpecer el tránsito vehicular, crean situaciones complicadas para los peatones en una zona donde se concentran numerosas denuncias por delitos en la vía pública.
Destaca el Gobierno de la Ciudad que los obradores —instalaciones provisorias que se montan alrededor de una obra— están distribuidos en distintos puntos a lo largo de la traza del ferrocarril. Se encuentran en desuso desde la interrupción de los trabajos (en 2019) y presentan un marcado deterioro.
Por eso, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, el Ministerio de Infraestructura y la Dirección General de Talleres, el Gobierno porteño puso en marcha un plan para ordenar y reducir su tamaño. Éste, que comenzó en Yerbal al 2400, junto a la Plaza General Pueyrredón en el barrio de Flores, se propone reducir en hasta un 50% la superficie de cada obrador, acercando los vallados a los bordes de excavación sin comprometer las condiciones de seguridad para liberar veredas y calzadas, mejorar la visibilidad, facilitar la circulación y ordenar el espacio público.
Señalan desde la ciudad que al tratarse de una obra nacional, no puede avanzar en un cierre definitivo. Pero la existencia de un acuerdo con las empresas responsables de la obra de soterramiento genera la posibilidad de una solución definitiva.
En febrero de 2006, el Gobierno Nacional llamó a licitación para soterrar el Sarmiento, desde Caballito a Moreno. En enero de 2008, se adjudicó el proyecto, que se debía terminar a los 36 meses. Recién en septiembre de 2011 llegó al país la tuneladora, que se instaló en una trinchera en Haedo. En octubre de 2016 se renegoció el contrato y la tuneladora empezó a trabajar y en diciembre de 2018, en el marco del ajuste y la negociación con el FMI, la obra se quedó sin financiamiento y, con 7 kilómetros construidos, se paralizó a la altura de Villa Luro.
Ahora, el Gobierno Nacional y las dos empresas que tienen la obra se pusieron de acuerdo para cerrarla y abandonar el proyecto de soterramiento. El túnel quedaría bajo tierra, cerrado por dos murallas en los extremos, para impedir el ingreso. Las responsabilidades sobre la obra han cambiado desde que fue adjudicada. Calcaterra vendió Iecsa y se creó Sacde, una firma del empresario Marcelo Mindlin. Entre los activos de la constructora, que supo ser de la familia Macri, estaba este contrato. A su vez, la brasileña Odebrecht vendió su parte a Ghella. Éstas negocian hoy el formato final de la rescisión.
Si el acuerdo se concreta la Ciudad podría replantear el tipo de obra a ejecutar para que la traza del ferrocarril Sarmiento deje de ser una barrera urbana que divide a los barrios que atraviesa. En tanto, la expectativa de vecinas y vecinos es que, al menos, se retiren los obradores que están en la superficie.
