En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el Ministerio Público de la Defensa organizó una Jornada que incluyó diferentes actividades en el marco del aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
La actividad se desarrolló el miércoles 8 de abril en Centro Educativo Isauro Arancibia, ubicado Av. Paseo Colon 1366.
El panel de apertura del evento estuvo conformado por la Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, Marcela Millán, Defensora General de la Ciudad, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Joaquín Besio Moreno, Secretario General de Derechos Humanos y Sociales del MPD.
En su intervención, la Defensora del Pueblo manifestó que “nosotros sabemos que hay una decisión de los gobiernos, especialmente de las dictaduras, en romper los lazos solidarios y ese fue el primer objetivo con las villas.” Además añadió que es “muy importante que continuemos todo este año conmemorando los 50 años del Golpe para que no pase nunca más.”
Los protagonistas del golpe militar que en 1976 derrocó al gobierno constitucional, y que se denominaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional, llevaron adelante políticas económicas orientadas a la valorización financiera, poniendo fin a casi medio siglo de políticas dirigidas al desarrollo industrial. Ese período, que se extendió entre 1976 y 1983, se caracterizó por niveles de violencia ejercida desde el estado, que decidió reservar la ciudad para los sectores de mayores ingresos, sumando a la erradicación de villas otras medidas como la desregulación del mercado inmobiliario.
En 1977, fue sancionada la ordenanza 33.652, de “Erradicación de villas de Emergencia”, que facultaba a la Comisión Municipal de la Vivienda a desalojar a “llamadas villas de emergencia y también de todo otro asentamiento poblacional precario o transitorio”. Aunque la vía judicial fue una de las estrategias de lucha y resistencia en defensa al derecho a la vivienda digna, se estima que más de 200.000 personas fueron desalojadas de manera compulsiva y violenta del territorio porteño.
Las políticas desplegadas por la actual gestión de Gobierno porteño han retomado la idea de una ciudad que expulsa a las personas cuyos ingresos no le permiten acceder a una vivienda digna. Según informa la página oficial del Gobierno, a partir de ahora los fondos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad que eran destinados a las villas van a dirigirse exclusivamente a financiar créditos para la primera vivienda.
“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías”, decía Jorge Macri, en un predio de la avenida La Plata recientemente desalojado, acompañado por el jefe de la Policía porteña, Diego Casaló. En él construirán viviendas para familias de clase media y policías con fondos que antes se destinaban a la urbanización de las villas.
Este año la Ciudad proyectó un presupuesto de $13.171 millones destinado a la ayuda habitacional para la clase media. El esquema de infraestructura y financiamiento hipotecario se implementará a través del Instituto de la Vivienda y del Banco Ciudad.
En tanto un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Defensa porteño, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advierte, a partir de la asignación presupuestaria para el año 2026, un fuerte retroceso en las políticas de integración socio urbana de los barrios populares.
“En el Presupuesto 2026, las partidas destinadas a barrios populares llegaron al nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída real del 23% – señala el documento “Barrios populares en emergencia: menos presupuesto y derechos en las villas de la Ciudad” – Además, la ejecución de los fondos se concentra en acciones paliativas o de emergencia, desplazando los proyectos para la integración sociourbana, el cumplimiento de leyes vigentes y la ejecución de sentencias judiciales confirmadas en distintas instancias”.
Algunos datos enfatizan las condiciones de desigualdad que esta situación implica: A nivel nacional, las y los habitantes de los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población, el hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales, las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas y los adultos mayores son los sectores más afectados, la falta de planificación y de continuidad en las políticas públicas profundiza la segregación urbana y refuerza la desigualdad estructural.
“Frente a este panorama – concluye el documento – organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas de defensa de los derechos humanos advertimos la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen tanto la atención inmediata de las situaciones críticas como la continuidad de los procesos de integración sociourbana y el cumplimiento de leyes y sentencias. Mantener y ampliar estos compromisos es esencial para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna, a la integración sociourbana y el hábitat adecuado en la Ciudad de Buenos Aires”.
