Continúa la lucha que, con la consigna “No a las Torres”, el colectivo de vecinas y vecinos de Barrio Naón sostiene en contra de la construcción de edificios en altura, que afectan la calidad de vida, el paisaje y la identidad de este sector de la Ciudad, que se caracteriza por su valor ambiental y paisajístico, con presencia de viviendas tipo chalet y jardines que materializan una forma de vida barrial.
El Código Urbanístico vigente establece un “Área de Desarrollo”, en las manzanas linderas a autopistas, que promueve la edificación en altura. Esta normativa se aplica a los grandes predios como los de Flota Automotor de la Ciudad y de Vialidad Nacional, linderos a la Av. Gral. Paz. Pero además, habría sido aprobada la construcción de torres en los lotes de menor superficie que completan la manzana, sobre las calles Ercilla y Saladillo.
Una de las acciones emprendidas fue presentar a la Legislatura un proyecto de ley, cuyos puntos principales son: Volver a la altura original de casas bajas, previa al Código Urbanístico que habilitó torres, preservar el carácter residencial del barrio, proteger de plazas y espacios verdes y el patrimonio cultural y arquitectónico, participación vecinal en cada trámite urbanístico y suspensión de permisos de obra mientras se trata la ley.
Además encararon la vía judicial. La Jueza subrogante, Dra. Natalia Tanno, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, dio lugar al amparo presentado por vecinos y vecinas para frenar la construcción del edificio en Ercilla7653. Pero el amparo fue apelado y quedó en revisión. Ahora, la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones falló a favor de los vecinos del Barrio Naón, respaldando sus planteos sobre el impacto urbano que generaría esa obra.
El martes 10 de marzo se realizó la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, donde los jueces escucharon a las partes involucradas: representantes de la empresa constructora, del Gobierno de la Ciudad y a los vecinos que impulsamos esta acción.
Durante la misma, la empresa y el GCBA sostuvieron su postura técnica y legal, afirmando que el proyecto estaría permitido por la normativa vigente. Los vecinos, por su parte, explicaron por qué la construcción de edificios de 15 pisos en un barrio históricamente conformado por casas bajas genera un impacto urbano evidente y plantearon que por eso la obra debería ser considerada de “relevante efecto”, tal como lo contemplan los principios de la Constitución de la Ciudad cuando una intervención puede alterar significativamente el entorno urbano.
También, manifestaron que “la catalogación urbanística resulta cuestionable, ya que en 2018 se redujeron las alturas permitidas en calles como Ercilla y Saladillo, pero dos predios del barrio quedaron con alturas de Corredor Alto, lo que evidencia una situación que prioriza el interés inmobiliario por sobre el de los vecinos que vivimos en el barrio”.
Explican los vecinos que, además, “durante la audiencia, representantes de la empresa manifestaron sentirse agraviados por los vecinos e incluso hicieron referencia a supuestos hechos de vandalismo y agravios hacia su arquitecto, señalando que evaluarían realizar denuncias. Frente a estas acusaciones, los vecinos mantuvimos una actitud respetuosa, sin responder a provocaciones y sosteniendo nuestro reclamo exclusivamente dentro de los canales institucionales y judiciales correspondientes. Para nosotros, este proceso no se trata de confrontar con nadie, sino de defender el carácter, la identidad y la escala de nuestro barrio”.
Destacan vecinas y vecinos que “los jueces escucharon atentamente los argumentos de todas las partes, incluyendo el planteo de los vecinos”. También que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se presentó en la causa como Amicus Curiae y en su presentación señaló distintos aspectos que considera irregulares o cuestionables del proyecto, acompañando así el reclamo vecinal.
