El día 12 de diciembre, en la sede del Centro Comercial Alberdi tuvo lugar una nueva reunión convocada por esa institución para avanzar en la organización vecinal en oposición a la construcción del Metrobus Alberdi – Directorio.
La misma comenzó con las exposiciones de una mesa conformada por Lorena Crespo, Juan José Chaves, Favio Pirone, Hernán Poggi, miembros de la Junta Comunal 9; Fernando Moya y Julián Cappa comuneros de las comunas 10 y 7, respectivamente, Miguel Sorrentino, comerciante de Parque Avellaneda, Juan Carlos Dimant, de la Unión de comerciantes de Alberdi al Este (en formación) y Bárbara Pereyra de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda.
Entre las redes y organizaciones sociales y políticas presentes se encontraban el Club Alberdi, Barrios de Pie, Nuevo Encuentro, Centro comunitario 7 esquinas, Cuenca en Red, Unidos y Organizados Comuna 10, vecinos del Barrio Alvear y participantes de los Consejos Consultivos de las Comunas 9 y 10, además de la prensa barrial y la agencia Telam.
Fernando Moya reiteró que las Juntas Comunales no fueron consultadas, incumpliendo la Ley 1777, que la obra es innecesaria y no fue solicitada los vecinos, y que sólo se recabó la opinión de una consultora privada. Explicó que “al Metrobus de la avenida Juan B. Justo se lo considera exitoso en término de tiempos de viaje, pero destruyó al centro comercial que existía como extensión de Warnes” y que mientras “el GCBA insiste en la ejecución de esta obra no da respuesta al problema de la expansión del Centro Comercial de la Avenida Avellaneda”. Luego de argumentar que el tratamiento del tema transporte debe darse a escala del AMBA, expresó que las decisiones se toman desde un escritorio y no mirando al territorio.
Miguel Sorrentino, comerciante de Av. Alberdi en Comuna 10 dijo que los comerciantes están muy afectados por esta obra y que “los que alquilan van a tener que cerrar”. Propuso salir con medidas de fuerza concretas, pues los funcionarios no escuchan ni atienden a otros ejemplos.
Bárbara Pereyra de la Mesa de Trabajo y Consenso de Parque Avellaneda. Se refirió al documento elaborado por la Mesa exponiendo los argumentos en contra de la ejecución del proyecto.
Ver https://barrioscomuna9.com.ar/por-que-decimos-no-al-metrobus-alberdi-directorio/
Lorena Crespo reiteró que las Juntas Comunales se enteraron por las redes sociales de la existencia del proyecto, que no se notificó a la legislatura y sólo se obtuvo alguna información en la reunión de la Comisión donde se trató el pedido de informes elaborado por el Legislador Modarelli. Consideró que “los miembros de Junta Comunal, como representantes del pueblo de la Comuna 9 que trabajan en función de los intereses de los vecinos, aprobaran una resolución en contrario, como un acto colectivo, conjunto sin diferencias partidarias es un acto de fortalecimiento de la democracia”. Pidió que las otras comunas lo tomen, ya que por sus competencias concurrentes deben ser consultadas, sumando voluntades políticas, como acciones paralelas con otras que decidan los ciudadanos afectados por el proyecto. Aclaró que esta obra no está incluida en el presupuesto como programa y que estaría previsto ejecutarla a través de AUSA.
Hernán Poggi, señaló que “la ejecución de este proyecto postergaría la decisión de construir la ampliación del subte”. Como comunero y como vecino que trabaja en la distribución de materiales de construcción, reforzó los argumentos para oponerse a “un proyecto que no sólo no es prioritario sino que afecta a un sector de comerciantes muy castigado por la situación económica”. Aclaró especialmente que su postura “no implica un cuestionamiento a la acción de gobierno de Rodríguez Larreta, sino un desacuerdo con este proyecto en particular”. Destacó otros problemas prioritarios como el cruce del ferrocarril Sarmiento, la situación del barrio Cildañez o el ingreso a Parque Avellaneda dificultados por la autopista. Acordó con la importancia de las acciones conjuntas de vecinos y comerciantes, que tal vez viven en otras comunas pero que invierten y dan trabajo en esta. Además, informó que los comuneros de la coalición cívica ARI en las comunas 7 y 10 van a apoyar resoluciones similares a la de la Comuna 9.
Favio Pirone reafirmó que “lo que está detrás de este conflicto es la calidad de la democracia”, por eso la falta de consulta a las Juntas y a los Consejos Consultivos sobre una obra de alto impacto que además no es prioritaria, es el centro de la declaración aprobada por la Junta Comunal 9. Consideró que incorporar los recursos para su ejecución en el presupuesto de AUSA es una manera de esconderlo y reiteró la importancia de que en la reunión se decidan medidas concretas, para lo cual sería necesario ampliar la convocatoria a otras organizaciones, sumar masa crítica y organizar la coordinación de las acciones.
Juan José Chaves expresó su acuerdo con los argumentos y consideraciones vertidos por los expositores anteriores. Destacó como “hecho histórico que la Junta haya votado la declaración superando las diferencias partidarias” y recordó que la comunera Sabrina Quaglia, aunque no estaba presente en la reunión también la votó.
Juan Carlos Dimant de la Unión de Comerciantes de Av. Alberdi al Este se refirió al hecho de que por tratarse una obra de relevante impacto, según la normativa vigente debe presentarse y aprobarse un estudio de impacto ambiental, que en este caso sería de poco rigor e impugnable, ya que no se consideraron adecuadamente los impactos económicos y sociales. En este sentido, señaló que no se tuvo en cuenta la disminución y distanciamiento de paradas, recordando, a modo de ejemplo, el caso del Metrobus de la Av. Juan B. Justo donde los tiempos de viaje se redujeron porque de 42 paradas se anularon 19. Otros efectos esperables serían el aumento de la valuación fiscal por impacto de la obra y el consecuente aumento de los impuestos para las propiedades ubicadas en su traza y que el cierre de comercios y la existencia de locales vacíos pueden dar lugar a la especulación inmobiliaria y a un proceso de gentrificación, cuya consecuencia sería la decadencia de los centro comerciales barriales. Sus propuestas fueron realizar acciones en forma paralela, entre ellas, presentar un proyecto para que obras de este tipo deban pasar por la Legislatura. Por otra parte, destacó la formación de una nueva entidad que aglutina a los comerciantes de la zona de materiales de construcción de la AV. Alberdi, que ya tiene más de cincuenta adherentes.
Julián Cappa coincidió en que esta no es una obra prioritaria, que ya está ocasionando perjuicios a los comerciantes y vecinos por la incertidumbre, y pérdida de tiempo y esfuerzo. Señaló que en la Comuna 7, los verdaderos problemas, que no son abordados por el GCBA, están en la congestión de tránsito en Alberdi entre Carabobo y San Pedrito, o en la falta de seguridad vial en Directorio donde la pendiente pronunciada se suma a la onda verde y tiene un punto crítico en su cruce con San Pedrito. Se refirió también al gran número de instituciones educativas y religiosas que se verán afectadas sobre todo por la disminución de espacios de estacionamiento.
Fabio Oliva, de Cuenca en Red,e refirió al movimiento iniciado por vecinos y comerciantes como una oportunidad de construir un actor colectivo para defender la participación vecinal y la memoria e identidad de los barrios, registrando como antecedente la Ley 1153. Propuso formar una Comisión redactora de un documento y hacerlo público como expresión de ese actor colectivo.
Nora Mestre, vecina y editora del periódico Linea Oeste, señaló que la ejecución del proyecto implica la afectación de alrededor de 200 ejemplares del arbolado público, que es necesario preservar en vistas a los efectos de su eliminación sobre el cambio climático y el ambiente.
Jorge Elger sintetizó los pasos a seguir para impedir que vecinos y comerciantes se vean perjudicados por el proyecto: conformar una mesa de organizaciones y vecinos; que las Juntas comunales 7 y 10 se expidan como lo hizo la 9; que se manifiesten los Consejos consultivos; conformar una comisión de redacción de la nota que contenga todos los argumentos en contra de la obra (innecesaridad, daño ambiental, económico y social) para ser remitida a todos los ámbitos institucionales de la ciudad; conformar una red de contactos con capacidad para dar respuestas rápidas en caso de necesidad y difundir el documento elaborado.
